La nueva Constitución "más verde" impide el desarrollo sustentable

Después de ver y oir al mandatario llamar a los ecologistas "fumoncitos" y "majaderas" al solicitarle que la refinería de Manabí no se construya en el Aromo, queda claro que el poder político ha utilizado al movimiento ecologista como fachada para en la práctica agredirlo y desconocerlo con hechos como la construcción de la refinería del Aromo, la construcción de Coca Codo Sinclair sin estudios ambientales, la entrada del país a la OPEP con el fin de acelerar la extracción petrolera a toda costa.

Pero las trampas en la nueva constitución de a poco se van evidenciando:

El Artículo 75 dice: que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Se le quita a las comunidades la gestión de las reservas ambientales y se le da la propiedad y gestión al Estado, quitándoles a miles de familias fuentes de trabajo con proyectos ecoturísticos y de desarrollo sustentable, comunidades como Agua Blanca en Manabí, que dependen del desarrollo sustentable, el turismo comunitario y arqueológico ya no tendrán la gestión del proyecto con la ayuda de fundaciones, ahora será el gobierno el que administrará las reservas y delegará a las comunidades lo que a un funcionario del ministerio le parezca.

En el artículo 73 se dice que el Estado establecerá reparaciones en
casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, pero no dice nada sobre los impactos causados por el transporte, procesamiento, comercio y uso de los recursos naturales no renovables. El Estado se hace el loco de los derrames de oleoductos, de las fugas de los petroleros y del vertido de lodos y escorias de las refinerías.

La constitución hace del Estado juez y parte porque el Estado se reserva el derecho y gestión sobre los recursos naturales y además juzga en materia de desastres ambientales y determina los parámetros de remediación, pero sólo sobre la explotación y no sobre el transporte, industrialización, comercio y consumo de los recursos. El Estado se lavará las manos sobre los desastres ambientales tal como lo ha venido haciendo ahora sobre los derrames petroleros en el oriente y en Esmeraldas, tal como lo viene haciendo con la construcción de infraestructuras y en el vertido de desechos de las refinerías.

¡Que majadería de la Asamblea Constituyente!

Video de bioremediación de minas

Este video muestra como las minas agotadas pueden reconvertirse de nuevo en áreas verdes y reservas. Incluso las minas pueden convertirse en atractivos turísticos para estudiantes, a la final, de las minas sale todo lo que luego usamos en la vida diaria.